Debate, ¿simple instrumento de marketing?

Lunes 30 de Abril de 2012

 

Se ha discutido acerca de la contribución de los debates al fortalecimiento de la democracia, particularmente a la conformación de un electorado más crítico e informado.

Incluso, recientemente, Andrés Manuel López Obrador discutió las restricciones que desde su punto de vista estableció el Instituto Federal Electoral en el formato de debates.

Se coloca en la mesa del análisis la saturación en medios electrónicos de información política difundida por los candidatos y partidos políticos, a la cual se suma la obligación de concesionarios y permisionarios públicos de difundir el debate.

Es innegable que la mayor discusión de los temas públicos, como es el caso de las diversas propuestas y posiciones de los candidatos a los diversos puestos de elección popular, es un pilar indispensable en un régimen democrático.

Este es el motivo por el cual los debates han evolucionado. De constituir una posibilidad se convirtieron en elementos requeridos por el código electoral, aún y cuando no son obligatorios.

El debate es una oportunidad para que los candidatos se muestren como personas, ciudadanos, profesionistas, aspirantes a un puesto de elección popular: asimismo, para que demuestren sus conocimientos en las diversas materias discutidas, pero sobre todo, su capacidad de improvisar, la inteligencia para presentar datos en unas cuantas oraciones, ser convincentes en el mensaje.

Los debates aún no constituyen, por el formato, instrumentos a través de los cuales los aspirantes profundicen en los temas: el debate actualmente es un mecanismo de marketing: el candidato se presenta, discute, replica y hace uso de la contra replica, en unos cuantos minutos.

No por el hecho de que los debates impidan profundizar en los temas deben estos ser desestimados, porque cumplen un propósito en la democracia instrumental, aún incipiente, mostrar a los candidatos frente al elector, una rendición de cuentas anticipada, que permita compararlos unos y otros.

La cuestión es que al cuidar profundamente cuestiones de igualdad y equidad, el órgano electoral sacrifica una mayor confrontación de las ideas, al menos de más profundidad. Esto puede ser criticable, pero el formato deberá avanzar.

Debe pensarse en debates temáticos de mayor profundidad, con interpelación de intelectuales, amas de casa, estudiantes, profesionistas, gente de a pie, o incluso un panel de periodistas.

Ejercicios de debate de mayor duración, que permitan una confrontación real de conocimientos. E incluso debates técnicos de los personajes especialistas de los diversos comités de campaña.

Aún más, debería pensarse en un debate adicional donde solo los punteros participarán en la discusión, ya que quienes se encuentran a la zaga poca oportunidad tienen de plantear ideas que no se encuentren influidas por razones de simple marketing, estruendo y búsqueda de espacios mediáticos. Así podría verse en escena única y exclusivamente al primer y segundo lugar. La cuestión es que una propuesta de esta naturaleza, en un ambiente crispado por la desconfianza, tiene poca oportunidad de avanzar.

Un debate a profundidad, de dos o tres horas, con discusiones técnicas, provoca el desaliento del público radioescucha o televidente, que ve la televisión y el radio como entretenimiento, ubicando en ese parámetro a las discusiones de los candidatos: un debate de dos horas apenas resistirá la atención de un electorado que aún lucha por avanzar en la consolidación de su madurez.

El hartazgo de la comunicación política, con miles de mensajes saturando el espectro radioeléctrico, poco abona también a la consolidación de ese espectador maduro democráticamente, ya que para el primer debate del seis de mayo próximo, llegarán hastiados de mercadotecnia política: la espotización de la democracia que poco contribuye a la construcción de un elector crítico y responsable.

Indudablemente se debe avanzar en la construcción de formatos que propicien una discusión a profundidad, en ello como sociedad tenemos el gran reto, ante un exceso de regulación electoral que para tutelar la equidad en la contienda aplasta espacios de la libre expresión de las ideas y el derecho a la información.

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