Negocio de mercenarios

 

Martes 10 de Agosto de 2011

Ciudad de México, 10 de ago.- Hermético se muestra la administración Calderón en sus acuerdos “secretos” con Estados Unidos para sostener una interminable guerra contra el llamado “crimen organizado”. Argumenta “cuestiones de seguridad nacional”. En el fondo, se intuye una razón “económica” con la sangre de los mexicanos.

Los indicios llegan de fuera. The New York Times hurgó el misterio el domingo 7 de agosto. Autorizó “abrir un 'centro de inteligencia' en una base de las fuerzas armadas mexicanas en el norte del país”. Participan agentes de la CIA, la DEA, militares. Se contempla insertar un equipo estadounidense de contratistas privados.

Sin embargo, el asunto tiene antecedentes. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Utilización de Mercenarios, con sede en Ginebra, en 2009 pidió explicaciones al calderonismo sobre la supuesta participación de empresas de seguridad estadounidenses en México. Aún esperan la respuesta.

La preocupación se argumenta: Un informe presentado por la ONU, desde 2006 se tienen denuncias de empresas militares y seguridad de EE.UU. que supuestamente entrenaron en el estado de Guanajuato a policías federales mexicanos en prácticas de tortura.

Otro de los informes recibidos por el grupo se refiere al reclutamiento de ex militares de EE.UU. "con experiencia internacional" para vigilar instalaciones de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

"Hemos estado realizando informes en Honduras, Ecuador, Perú, Chile… los dos únicos países de Latinoamérica donde no hemos podido llevar a cabo una misión sobre el terreno son México y Colombia, a pesar de que hemos insistido mucho", dice José Luis Gómez del Prado, presidente del Grupo de Trabajo de la ONU.

Publicó Gómez Prado con Helena Torroja Mateu, en marzo de 2011, el libro “Hacia la regulación internacional de las empresas militares y de seguridad privadas”, en donde señalan con meridiana claridad que las empresas militares y de seguridad privadas son una reencarnación en el siglo XXI de proveedores del uso físico de la fuerza: “Son los nuevos corsarios que fueron abolidos en el ámbito internacional en el siglo XIX”.

En el Cuarto período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, realizado en Ginebra, el 21 de marzo de 2007, presentó Gómez Prado su informe:

“Las formas tradicionales de antaño no han desaparecido completamente como muestra el golpe fallido de Guinea Ecuatorial de 2004 que demuestra que existen unos vasos comunicantes entre mercenarios “tradicionales” y las empresas de seguridad privada.

“Las nuevas modalidades apuntan a una industria emergente y muy floreciente de empresas militares y de seguridad privada que responde a una lógica comercial en busca del mayor beneficio.

“Con la privatización de la guerra, los “contratistas privados o independientes” (los nuevos “free lancers” del siglo XXI) se habrían convertido en el primer producto de exportación de algunos países industrializados a zonas de conflicto armado.

“Estas empresas también reclutan y entrenan, en países en desarrollo con un alto índice de desempleo, mano de obra barata y una tradición migratoria para llevarlos a prestar servicios en zonas de conflicto armado, donde de simples guardias se convierten en combatientes a los que se les entrega material bélico”.

Visto así, tenemos que se “privatiza” la llamada guerra contra el crimen organizado de la administración Calderón.

Esta guerra también se estaría convirtiendo en un negocio redondo para las empresas contratistas estadounidenses que, según datos del Senado de Estados Unidos, han ganado en un periodo de cuatro años US$170,6 millones a través de contratos con los Departamentos de Defensa y Estado, escribió el 9 de agosto nuestro compañero Ignacio de los Reyes, periodista de la BBC Mundo, acreditado en México.

México contribuye en este negocio de la muerte. El paquete prometido de la Iniciativa Mérida, US$1.400 millones de ayuda estadounidense a México y Centroamérica en su lucha contra el crimen y el narcotráfico, estaría gastándose, asegura el relator, "en la venta de tecnología de guerra…y en manos de los contratistas", observó José Luis Gómez Prado.

En México, el gasto estadounidense en contratistas alcanzó su máximo en 2008 (con US$64.4 millones), coincidiendo con el comienzo de la Iniciativa Mérida. Y los ingresos de los contratistas no ha parado de crecer desde que hace 5 años se iniciara la ofensiva mexicana a los cárteles del narcotráfico.

México es el segundo país de América Latina donde más contratos se han realizado para asistir en la lucha contra el narcotráfico desde 2005, sólo superado por Colombia, que sigue concentrado la inmensa mayoría de esos acuerdos (un 80%), según un informe publicado el 7 de junio de 2011 por el Subcomité de Supervisión de Contratistas del Senado de EE.UU.

El análisis revela que entre 2005 y 2009, el gasto anual del gobierno federal sobre los contratos de lucha contra el narcotráfico en América Latina aumentó en un 32%, de 482 millones de dólares en 2005 a 635,8 millones en 2009.

En total, el gobierno gastó más de 3.1 mil millones de dólares en contratos de lucha contra el narcotráfico durante este período.

Más directo. De 2005 a 2009, el gobierno federal gastó al menos $ 170,6 millones en contratos de lucha contra el narcotráfico en México, señala el informe senatorial estadounidense en su página 9.

Con estos elementos, es difícil pensar que se logre, por lo menos, frenar el baño de sangre de mexicanos, en la “privatizada” guerra contra el llamado crimen organizado, porque terminaría el negocio de los mercenarios asociados con el calderonismo. Y sus efectos pueden reflejarse en Irak o en Afganistán, con las denuncias públicas de la profunda corrupción de las empresas de mercenarios.

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